La economía no puede reducirse a un ejercicio de obediencia social
Diego Dequino
08/10/2025
(también en Comercio y Justicia)
Por estas horas, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, se refirió al caso argentino con una frase tan breve como reveladora: “El éxito del programa de ajuste dependerá de lograr que la gente acompañe”.
Más allá de la aparente inocencia diplomática, la afirmación encierra una distorsión conceptual preocupante. No es que la gente debe “acompañar” un programa económico. Sino el programa es el que debe ser lo suficientemente correcto, coherente y eficaz como para merecer el apoyo ciudadano.
Pretender invertir esa relación es desconocer la soberanía de las decisiones nacionales y reducir la economía a un ejercicio de obediencia social.
El Fondo, en su rol de acreedor multilateral, debería concentrarse en lo que le compete, como por ejemplo comprender mejor la naturaleza estructural de la economía argentina, particularmente su bimonetarismo crónico, y ajustar sus estimaciones macroeconómicas, que históricamente han demostrado un sesgo sistemático de error.
Preocupan, entonces, aquellas declaraciones que agregan confusión política y ruido técnico a un contexto ya saturado de incertidumbre.
Confundir flujos con stocks
En paralelo, el gobierno argentino continúa atrapado en una estrategia financiera que intenta resolver problemas de flujo con recursos de stock. En términos simples: sigue consumiendo dólares, sin importar de dónde provengan, para sostener la cotidianidad.
Es una lógica demasiado parecida a quien usa ahorros propios, prestados y de terceros para pagar los gastos corrientes.
Desde el blanqueo de capitales del año pasado, pasando por la baja de retenciones, los “repos” del Banco Central, los nuevos desembolsos del FMI, los adelantos del BID y el Banco Mundial, y los bonos BODEN 2030 en pesos suscriptos en dólares, el resultado es el mismo: en menos de un año, el país consumió unos 33 mil millones de dólares, a un ritmo de 3 mil millones mensuales.
Una política que, aunque pueda parecer exitosa en el corto plazo, no resuelve la ecuación real ¿cómo generar un flujo sostenible de divisas sin recurrir a remiendos financieros sistemáticos?
En Washington el debate parecería girar en torno a una disyuntiva del tipo ¿ayudar a la Argentina para que su economía funcione, crezca y produzca los excedentes que necesita; o simplemente ayudar para permitir que la situación continúe?
Opacidad y desconfianza
A esta altura, ni siquiera los profesionales del sector podemos establecer con precisión cuánto interviene el Tesoro Nacional en el mercado de cambios. Desde que se desarmaron las LEFI, se desdibujó uno de los pocos activos que tenía el gobierno: la transparencia financiera.
Hoy el Banco Central comunica oficialmente, de manera diaria, que no interviene.
Pero con datos indirectos ya sean por filtraciones, cálculos cruzados, observación de cuentas del Tesoro, se deduce que existen ventas con pérdidas diarias que acumulan una cifra cercana a los 1.700 o 1.800 millones de dólares en las últimas dos semanas.
El problema, entonces, no es solo contable sino de confianza. Sin información clara, los analistas, los mercados y los organismos internacionales operan sobre conjeturas. Y con ello la incertidumbre entre los ciudadanos de a pie seguirá creciendo.
En ese punto, la Argentina se comenzó a parecer demasiado a la última etapa de Sergio Massa en el año 2023 como ministro de economía, cuando la manipulación de datos financieros intentaba sostener una ficción de proyecciones para mostrar estabilidad.
La política detrás del silencio
A 80 días de haber cerrado la ventanilla de liquidez del sistema bancario, el crédito se paralizó, las tasas se dispararon y la volatilidad del tipo de cambio volvió a marcar el pulso de la economía real.
En este contexto, el enfriamiento económico dejó de ser una hipótesis. A la caída de la demanda se le suma el deterioro de las expectativas, con lo cual cada vez se tornan más difícil las decisiones de inversión.
El gobierno deberá, tarde o temprano, asumir el costo político de sincerar la situación. Probablemente implique un cambio o ajuste en el modelo económico o incluso en el Gabinete. Pero seguir estirando la ambigüedad solo agrava la erosión de credibilidad.
A dos semanas de las elecciones, todo parece indicar que la prioridad es no mover ninguna pieza que altere el tablero político y el precio lo seguirá pagando la economía real: las empresas, los trabajadores, los consumidores y la confianza en el futuro.